FUNCIONARIOS DE TIZAYUCA SE CAPACITAN EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL

Funcionarios públicos de la presidencia de Tizayuca participaron en la capacitación en materia de contraloría social 2016, la cual tiene como objetivo coadyuvar a transparentar cada una de las acciones que realizan al interior del ayuntamiento y mejorar los procedimientos que tienen que ver con aquellos programas que son implementados por el Gobierno Federal.

Dicho curso, fue impartido por Arturo Trejo del Ángel, capacitador de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y estuvo dirigido a secretarios, directores, subdirectores y coordinadores de área, quienes están conscientes de que tienen que desempeñar su labor con esmero y dedicación para obtener los mejores resultados, que permitan a la ciudadanía modificar para bien sus condiciones de vida.

Al respecto, el presidente municipal Juan Núñez Perea aseguró que esta capacitación se realiza en cumplimiento a la política pública de la actual administración y el gobierno del estado, de manera obligatoria y por lo menos una vez al año, con el propósito de llevar a cabo acciones de control, vigilancia y evaluación necesarias, bajo un esquema de derechos y compromisos ciudadanos para que cada una de las obras y acciones sean realizadas en términos de transparencia, eficacia y honradez.

Explicó que una de las obligaciones de los funcionarios que participaron es informar a la comunidad y en especial a los beneficiarios sobre las características, metas y periodos de ejecución de las obras y acciones además de garantizar que estas sean ejecutadas para dar cumplimiento a lo establecido. Destacó que ellos deben garantizar a la sociedad que los planes y programas no se utilicen con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objetivo para el que fueron planteados que es el bienestar de la ciudadanía.

Por su parte, el ponente dio a conocer que la contraloría social es una parte de la participación ciudadana que sirve para combatir actos de corrupción, prevenir irregularidades o posibles desvíos de recursos, pero sobre todo para contribuir a la democracia de un municipio, estado o país.

Especificó que en este sentido los funcionarios están obligados a rendir cuentas claras y sobre todo a cumplir con ética y responsabilidad sus funciones para que las obras y acciones que se ejecuten se realicen con transparencia y honradez de manera corresponsable entre el Gobierno y la ciudadanía.