Pérdidas por más de 200 millones de pesos habrá por la suspensión de actividades comerciales, industriales y de servicios en Pachuca, informó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH) Edgar Espínola.
Expuso que el decretó que presentó la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán y la asamblea municipal es unilateral, ya que no aplicó un consenso con los comerciantes.
Edgar Espínola manifestó que la presidente municipal debe reconsiderar el decretó, de lo contrario podrán acudir los empresarios hasta los tribunales, ya que el ayuntamiento no está facultado para emitir estas decisiones unilaterales.
La determinación afecta a más dos mil 860 establecimientos de la capital hidalguense, lo cual tendrá un impacto en sus ingresos económicos por el cierre de sus negocios.
Destacó que el CCEH apoya las medidas de orden preventivo implementadas por el gobernador Omar Fayad Meneses y el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Consejo Nacional de Salud.
Ya que éstas no dañan y tienen como finalidad blindar la salud de los ciudadanos, sin afectar la economía de manera tajante a las empresas de Hidalgo y en especial a Pachuca.
Consideró que las medidas decretadas por el Ayuntamiento de Pachuca, no tiene sustento de una declaratoria oficial por parte de la autoridad competente para emitir medidas en materia de salud, pero sí afectan gravemente la economía familiar.
El Gobierno Municipal no es autoridad competente para aprobar un
decreto con estos alcances, porque ante una contingencia por el COVID-19 como la que vivimos, es una decisión que compete a la Secretaría de Salud Federal.
La decisión de suspender toda actividad en puntos de reunión en Pachuca, no nos fue consultada, es una medida unilateral por parte del ayuntamiento.
“Exigimos a la autoridad municipal de Pachuca, considerar la grave situación
en la que coloca a los trabajadores y empresarios para hacer frente a esta decisión que ya tomó, y que con apoyos municipales cubra los millones de pesos que registraremos en pérdidas.
El CCEH anunció que no descarta recurrir a medidas jurídicas como juicios de amparo, en contra de esta disposición administrativa municipal unilateral.
Existe una gran preocupación ya que esta determinación afectará a las micro, pequeñas y medianas empresas principalmente de tipo familiar, que
dependen de sus ventas diarias para sobrevivir, acción que colapsará a la economía de una de las ciudades más importantes del Estado.