Secretaria municipal de Tizayuca, Adriana Quezada registra observaciones de la ASEH por más de 17 millones de pesos.

Registra observaciones en sus cuentas públicas del dif municipal, la actual

secretaria municipal de Tizayuca, Adriana Ángeles Quezada por más de 17

millones de pesos de acuerdo a la Auditoria Superior del estado de Hidalgo

(ASEH).

En 2022, las observaciones de la ASEH sumaron 750 mil 761.45 por gastos sin

justificar, en 2023 la cifra se disparó a 4.6 millones y en 2024 el monto

observado alcanzó 12 millones 398,457.61 de pesos.

Las irregularidades financieras del sistema dif municipal se registran por gastos

improcedentes y descontrol administrativo durante los tres años que estuvo al

frente del organismo.

Los informes correspondientes a las Cuentas Públicas 2022, 2023 y 2024,

elaborados por la ASEH, revelan un patrón de corrupción, recursos desviados de

su objetivo social, ausencia de controles internos, pagos indebidos y un

desprecio progresivo por la normatividad que rige el ejercicio del gasto público.

Lo que refleja un incremento de más del mil 500 por ciento en apenas tres años,

una evidencia contundente de la degradación de la gestión pública bajo la

dirección de Adriana Ángeles.

Los tres dictámenes emitidos por la ASEH fueron coincidentes “Opinión con

salvedad”, lo que significa que la entidad incumplió de forma significativa con la

normativa financiera y administrativa.

Es importante destacar que ningún año fue solvente, y en cada ejercicio se

repitieron y agravaron las mismas fallas.

A partir de 2023, la Auditoría detectó pagos millonarios improcedentes destinados

al Bioparque Tekuayan, un espacio recreativo y conservación de fauna que nada

tiene que ver con el objeto de asistencia social del DIF.

Tan solo en 2024, se erogaron más de 800 mil pesos en alimentación de

animales, sueldos, compensaciones y medicinas veterinarias por cientos de miles

de pesos adicionales.

La ASEH determinó que los gastos no están dentro de las atribuciones legales del

DIF, ya que los recursos públicos asignados debieron destinarse a mujeres, niños,

personas con discapacidad y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

Las partidas de “Ayudas Sociales a Personas” y “Alimentación de Personas”

carecieron de padrones, controles de almacén o evidencia de entrega.

Las auditorías detectaron un descontrol en el capítulo de servicios personales:

pagos sin contratos por 3.2 millones de pesos, plazas no autorizadas por 2.5

millones, y compensaciones ilegales por casi medio millón.

Además, personal eventual del Bioparque cobró sueldos y bonos fuera de

presupuesto, confirmando un patrón de uso discrecional del dinero público.

La ASEH también documentó ingresos no depositados, gastos sin comprobación y

violaciones a la Ley de Disciplina Financiera, al superar el límite legal del gasto en

servicios personales.